11 de mayo de 2025
La medida, que elimina el marco legal que regulaba los contratos de arrendamiento desde 2020, cambia las reglas del juego, pero no deja desprotegidos a quienes actualmente habitan una vivienda en condición de alquiler.
El Código Civil y Comercial garantiza la permanencia de los inquilinos en ciertas condiciones. A pesar del fin de esta normativa específica, existen disposiciones vigentes en el Código Civil y Comercial de la Nación que garantizan derechos fundamentales a los inquilinos, incluso en casos donde el propietario desea recuperar el inmueble y no renovar el contrato.
Qué cambia con la derogación
La derogación de la Ley de Alquileres, busca desregular el mercado para favorecer la oferta de inmuebles y facilitar la negociación directa entre las partes. Sin embargo esta desregulación no significa que los inquilinos puedan ser desalojados de manera inmediata ni arbitraria.
Según lo establecido por la normativa vigente, si un contrato de alquiler ha finalizado y el propietario no ha iniciado formalmente un proceso de desalojo ante la justicia, el inquilino puede seguir ocupando la vivienda legalmente.
Esto se debe a que el sistema jurídico argentino exige el cumplimiento de ciertos procedimientos antes de que un desalojo pueda ejecutarse.
Los puntos clave a tener en cuenta son:
Notificación anticipada: el propietario debe comunicar con antelación su intención de no renovar el contrato. Esta notificación debe ser fehaciente y con el tiempo suficiente para que el inquilino pueda tomar medidas.
Inicio de acciones legales: si el inquilino no desocupa la propiedad tras el vencimiento del contrato, el propietario deberá iniciar un juicio de desalojo. Este proceso puede extenderse por varios meses.
Derechos en vigencia: hasta tanto no haya una orden judicial, el inquilino no puede ser desalojado de manera forzosa, y tiene derecho a permanecer en la vivienda.
Recomendaciones para inquilinos y propietarios
Frente a este nuevo contexto legal, especialistas en derecho inmobiliario recomiendan:
Revisar detenidamente el contrato firmado y confirmar qué cláusulas siguen vigentes.
Consultar con abogados especializados antes de firmar nuevos acuerdos o iniciar trámites judiciales.
Negociar por escrito cualquier nuevo arreglo, para evitar malentendidos o conflictos posteriores.
Además, se aconseja estar atentos a futuras regulaciones que el Gobierno pueda implementar en reemplazo de la ley derogada.
