23 de mayo de 2025
En una decisión de fuerte impacto institucional y que impacta en nuestra ciudad con el loteo del barrio Los Laureles, el Juzgado Federal de Pehuajó hizo lugar a una medida cautelar interina que suspende los efectos del Decreto 312/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional había dispuesto la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
La medida fue dictada en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció el incumplimiento de una resolución anterior del mismo juzgado, que ordenaba al Estado nacional presentar un plan de actuación y asegurar la continuidad de las obras de integración socio urbana establecidas en la Ley 27.453.
El fallo, fechado el 23 de mayo, suspende específicamente los artículos 1, 4, 5 y 8 del Decreto 312/2025, que habilitaban la transferencia de los fondos del FISU al Tesoro Nacional para uso de “libre disponibilidad”, una medida que, según el juez, podía provocar “consecuencias regresivas” e irreparables para los derechos fundamentales involucrados.
Además, la resolución impone una sanción económica de $200.000 diarios al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, por cada día de demora en el cumplimiento de lo ordenado en noviembre de 2024. El magistrado también exhortó al Congreso de la Nación a tomar medidas legislativas que garanticen el financiamiento de la política pública de urbanización de barrios populares.
El juzgado valoró como gravísima la omisión del Ejecutivo en dar cumplimiento a la orden judicial previa, considerando que no hubo intención real de cumplirla, y calificó como evasiva la respuesta presentada por el Ministerio de Economía. En paralelo, también dio curso a una medida de “no innovar” que debe ser respondida por el Estado en un plazo de tres días.
Esta resolución se da en un contexto de creciente preocupación por el recorte de políticas públicas destinadas a sectores vulnerables, y reaviva el debate sobre el rol del Estado en garantizar el derecho a la vivienda, al hábitat y a un ambiente sano. El CELS calificó la decisión judicial como “un paso fundamental para frenar el retroceso de derechos y exigir que se cumpla la ley”.
