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Termoeléctrica: Impulsarán la derogación de la Ordenanza

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13/11/2017- Es un proyecto impulsado por el Bloque de Unidad Ciudadana, y será presentado en la última sesión de este año. Dialogaron con “vecinos de los barrios linderos y los establecimientos educativos” e indicaron que “se podría estar vulnerando una norma municipal preexistente y vigente”, que trata la radicación de empresas de tercera categoría.

A través de un comunicado, el Bloque de concejales de Unidad Ciudadana integrado por Leonardo Boto y Nicolás Capelli explicó que en la última sesión “votó en contra de la Ordenanza que permitió una modificación en una parcela ubicada en la proximidad de la Ruta Nº 34 y Nº 6 donde ya fue construida una central Termoeléctrica”.

Indicaron que “el voto por la negativa y el reiterado pedido para que el expediente vinculado al tema pueda ser analizado por más tiempo en las comisiones del Concejo Deliberante, se debió principalmente a la falta de información y transparencia con que el Gobierno Municipal impulsó dicho tratamiento”.

Por ello, “luego de dialogar con los vecinos de los barrios linderos, sumado a la preocupación de los establecimientos educativos próximos, Unidad Ciudadana impulsará en el Concejo Deliberante la derogación de dicha norma, que lleva como número 6.923”, expresaron.

Además, “detectamos la existencia de cinco expedientes más que no fueron girados al Concejo Deliberante, donde deben figurar informes técnicos relacionados a la preservación del ambiente y los riesgos de la planta para la salud”, revelaron.

Capelli y Boto remarcaron que “las Ordenanzas sancionadas por el Concejo regirán durante el tiempo que las mismas establezcan. Las que no fijen tiempo de duración regirán mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen”.  En este sentido, “hemos alertado que se podría estar vulnerando una norma municipal preexistente y vigente, la Ordenanza 6.224 que prohíbe la radicación de las denominadas industrias de tercera categoría según la Ley Provincial Nº 11.459 que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”, aclararon.

Finalmente, indicaron que están “trabajando en medidas legales que le garanticen a los vecinos la defensa de sus derechos”.

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